DACIÓN EN PAGO, DERECHO O CARIDAD.

"Esta sencilla solución no es un acto de caridad del Estado sino un derecho de los ciudadanos a los que debe protegerse para que disfruten de una vivienda digna y adecuada tal como señala Nuestra Carta Magna."

Dicen los expertos que el mundo se mueve a diferentes velocidades. Mientras que la tecnología avanza a marchas forzadas y los cambios de pensamiento se mueven a paso de generación, la legislación va siempre dos días por detrás de las necesidades sociales. El clamor popular, que solicita la dación en pago de las viviendas por su deuda con las entidades financieras, se ha convertido en un proyecto de ley tras una situación de desamparo motivado por la gravísima crisis económica. ¿Pero esta dación en pago es una mera norma por caridad o tiene alguna base jurídica? 

Como dice en reiterada jurisprudencia nuestro Tribunal Supremo la “dación en pago” no existe en nuestra legislación y es una figura de derecho comparado que no tiene aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. La ejecución de las deudas hipotecarias impagadas se regula en primer lugar por nuestra Ley Hipotecaria que data de 1946 y por nuestra Ley de enjuiciamiento civil reformada en el año 2000, antes de la crisis. 

¿Cuál es el procedimiento? Cuando un banco desea ejecutar una hipoteca por impago la entidad financiera presenta una demanda de ejecución hipotecaria siguiendo el proceso señalado en el Art. 681de la LEC. La cuantía de la demanda se establece por el monto total de la deuda menos lo amortizado, que durante los primeros años de pago del préstamo es mínimo, más los intereses y las costas procesales (minuta de abogado y procurador). Una vez iniciado el proceso si el demandado no paga lo debido más intereses y costas se le ejecuta (en algunos casos la palabra adquiere su literal sentido). 

Iniciado el procedimiento de ejecución se dispone el embargo del bien y su posterior subasta y aquí es donde cambia lo acontecido con respecto a lo que sucedía antes de la crisis. Antes de la crisis el bien se subastaba y los denominados “subasteros” (prácticamente un grupo de pseudo-mafiosos) se hacían con los inmuebles embargados por el 50% de su valor siempre que la adjudicación permitiera el pago de la deuda al ejecutado, lo que casi siempre se producía en un mercado de revalorización de los inmuebles y cuando los bancos jamás daban más allá del 75% del precio de tasación.

Pero en una situación distinta en la que los bancos han concedido el 100% de valor de tasación o más en algunos casos y que el precio de los inmuebles se está devaluando, los “subasteros” no acuden a las subastas al no resultar un negocio rentable, por lo que al no haber pujadores el banco se adjudica el inmueble por el 60% de su valor, según dicta el Art. 671 de la LEC. un valor muy inferior al del monto de la deuda incrementado con intereses y costas por lo que las entidades financieras, en la mayoría de los casos, solicitan la mejora de embargo hasta la totalidad de la deuda impagada, lo que hace que el ejecutado se quede sin casa y con una deuda pendiente para toda su vida que se le cobrará de su sueldo o futuros sueldos o de los bienes que pueda conseguir en un futuro, lo que conduce a muchos de los ejecutados a la ruina para el resto de sus vidas y a perder la esperanza de recuperarse.

Dicho esto, ¿La dación en pago es necesaria? Y lo que es más importante. ¿Tiene alguna base jurídica en nuestro ordenamiento? 

Artículo 47 de la Constitución española reza:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

Nuestra realidad legislativa es que no existe ninguna otra norma que avale o proteja la vivienda como un derecho además del ya señalado, por lo que los jueces de lo civil, que deben aplicar la normativa vigente en esta materia, actúan conforme a la norma aplicable de la ley Hipotecaria, el Código Civil y la LEC.

Sin embargo, en defensa de los ciudadanos y al amparo Constitucional el Legislativo está obligado a adecuar la norma para amparar los derechos de los ciudadanos y adaptarnos a una situación económica y social que ha superado lo prescrito por nuestras leyes. 

Una posible solución ante la grave alarma social que se está produciendo sería la modificación del Art. 670 y 671 de la LEC en el que se establezca que la adjudicación del bien inmueble en la subasta sea al 60% del valor de tasación o como mínimo al del valor de la deuda (incluidos intereses y costas). La simple modificación de estos dos artículos en este sentido pondría fin a la situación que se está viviendo con los desahucios en España y daría tiempo al legislativo a instrumentalizar una norma más ajustada a los tiempos modernos si consideran que fuera necesario.

Con este simple cambio en nuestra ley se obligaría a los bancos a negociar con los deudores de las hipotecas, puesto que solicitar la ejecución les supondría un gran gasto para obtener una vivienda devaluada, algo que no está pasando en estos momentos en los que las entidades financieras ejecutan, porque además de quedarse con el piso por el 60% del valor de tasación del inmueble, embargan el resto de bienes presentes y futuros del ejecutado que se constituirá como un acreedor vitalicio.

Esta sencilla solución no es un acto de caridad del Estado sino un derecho de los ciudadanos a los que debe protegerse para que disfruten de una vivienda digna y adecuada tal como señala Nuestra Carta Magna.

NUEVAS SOLUCIONES PARA VIEJOS PROBLEMAS.

"O alguien toma el toro por los cuernos y encuentra nuevas soluciones para este viejo problema o habrá que llamar a Johnny para que coja su fusil."

Nuestra sociedad parece haberse estancado en un punto sin retorno, colapsada por una crisis inimaginable que empieza a retorcer los cimientos de nuestra sociedad de bienestar y nuestro estado de derecho. Mensajes contradictorios, soluciones contrapuestas, corrupción, descontento, desestabilización, incertidumbre y miedo. Miedo a una situación para la que no estamos preparados, miedo a un problema para el que no tenemos respuesta porque las respuestas que se han dado en situaciones anteriores similares no sirven o no deberían usarse.

Al igual que se hace caso omiso a los sismógrafos que avisan de los graves riesgos que suponen las edificaciones y las zonas pobladas en las fallas teutónicas, el mismo caso se hace a los economistas que advierten sobre los riesgos que suponen ciertas intervenciones del Estado en el manejos de las variables económicas. La última gran crisis económica de similares características a la actual fue la sufrida en el año 1929 y que arrastró a todas las grandes potencias mundiales al paro, al hambre y a la desesperación.

Todos conocemos el desenlace de aquella crisis: La Segunda Guerra Mundial que produjo más de cien millones de muertes y la destrucción de Europa, parte de África, Asía y Oceanía. Pero tras aquella gran hecatombe se produjo el resurgimiento de la economía que ha conducido a sesenta y cinco años de vacas gordas en toda la vertiente capitalista y a la prosperidad de la raza humana.

¿Pero cómo podemos solucionar la crisis actual sin una gran guerra o sin la implantación de un sistema totalitario que esquilme la sociedad? Esa es la gran pregunta que impregna las mentes de los gobernantes de todos los países capitalistas ahora afectados por la crisis. Sólo en España existe un excedente humano de diez millones de personas entre parados, jubilados y personas dependientes. ¿Cómo recolocar este excedente humano cuando tenemos un país totalmente construido con todas sus necesidades cubiertas y con limitadas posibilidades de expansión y cómo afrontar al sustento por parte del Estado de estas clases pasivas a su cargo?

El problema al que nos enfrentamos es grave y profundo y las soluciones que se están tomando lejos de solucionarlo lo agravan.

Política de recortes: Al igual que una economía doméstica el Estado trata de ajustar el gasto a sus ingresos disminuyendo su deuda con el fin de equilibrar su economía; pero cuando el Estado se ha comprometido al mantenimiento de unos servicios sociales por encima de sus posibilidades los recortes producen el desamparo social y la mala gestión de los recursos se hace latente. Por otro lado, esta política produce un enfriamiento de la economía, una pérdida de puntos en el  PIB e inevitablemente el paro. Las únicas soluciones a esta situación son dos: la expansión o la disminución de la población. Desgraciadamente ya no quedan territorios por colonizar ni hacia donde expansionarse como ocurrió en épocas anteriores por lo que no nos queda otra solución que la disminución de la población. En esta línea el Gobierno opta:

1.- Expulsión de inmigrantes.

2.- Recortes en sanidad y dependencia.

3.- Potenciar la emigración.

Sin embargo, esta política que puede dar frutos a largo plazo no resolverá el problema al corto lo que generará una mayor crispación social e inestabilidad.

¿Cómo parar la crispación social? Las dos únicas maneras de hacer esto hasta ahora han sido a través de generar una clase media acomodada o a través de la represión policial y las purgas. Un endurecimiento de la legislación penal y administrativa unido a conceder mayor poder a las fuerzas del orden son las maneras de controlar a la turba enfurecida por un gobierno que destruye su situación de bienestar y los conduce al desastre económico y humano. Pero la escalada de violencia lleva al endurecimiento de las posturas y a la ruptura del diálogo, a los extremismos e irremediablemente al enfrentamiento armado.

¿Cuál es la solución? Desgraciadamente, no la sé. Ni yo ni por lo visto ninguno de los estadistas ni economistas que manejan los hilos del mundo y que tratan de parar los golpes a golpe de Decreto y legislación de pasillo sin tener claro a dónde nos conducen. Lo que si me gustaría es encontrar a alguien que nos hable claro y que con honradez nos explique la situación tal y como es y cuáles son los sacrificios necesarios para sacar el país adelante. O alguien toma el toro por los cuernos y encuentra nuevas soluciones para este viejo problema o habrá que llamar a Johnny para que coja su fusil.