LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.
Gallardón y sus secuaces ya han puesto en marcha una nueva reforma del
código penal que incrementará las penas y reducirá los beneficios
penitenciarios de los condenados. Una reforma exagerada sin que se haya
producido un incremento significativo ni proporcional de la delincuencia en
España. Su único fin es convertir nuestro ordenamiento jurídico penal en un
ordenamiento represor contrario a la Norma Constitucional que deja de
considerar las penas privativas de libertad como un medio de rehabilitación y
reeducación social de los reos y las convierte en un medio coercitivo y de
venganza social.
A partir de la entrada en vigor del nuevo Código Penal se establecerá la
pena de condena indefinida para los casos de terrorismo (cuando el terrorismo
ha dejado de ser una lacra en nuestro país) y delitos de asesinato graves. Esta
normativa que puede alentar el voto de la “masa linchadora” que se deja
influenciar por las tragedias televisadas, es una vulneración de los principios
fundamentales del ciudadano y una puerta abierta a la represión del régimen
totalitario al que nos conduce el PP. Tengamos en cuenta que se va a considerar
acto terrorista cualquier alteración del orden público por cualquier medio,
incluido internet y que el nuevo código penal permitirá la actuación represora
tanto policial como judicial contra todos aquellos que organicen, colaboren o
participen en actos considerados por el Gobierno como de desorden público o que
atenten contra los miembros del gobierno. El nuevo código penal condenará con
penas de prisión los “escraches”, las manifestaciones no autorizadas y
cualquier medio de protesta no permitida por el Gobierno, que amparándose en
esta norma, podrá actuar con total impunidad represora.
El nuevo texto penal abre las puertas de las cárceles a cualquier disidente
político o cualquiera que proteste de forma no autorizada contra las políticas
del Gobierno, incluidos los medios telemáticos.
La reforma del Código Penal pretendido por Gallardón sumerge a nuestro país
en los tiempos de la Inquisición, vulnerando de plano los derechos
fundamentales recogidos en Nuestra Carta Magna.
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